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Por Manuel Tarricone para Chequeado
El Poder Judicial argentino es, en muchos aspectos, el más opaco de los 3 poderes del Estado. La obligatoriedad de rendir cuentas ante la sociedad convive con falta de información, documentación a la que sólo se accede a través de pedidos de acceso a la información pública, estadísticas incompletas y mecanismos de ingreso no basados en el mérito.
En paralelo, la Justicia Federal tuvo como una de sus principales falencias un alto porcentaje de tribunales vacantes, una situación que recién comenzó a revertirse en 2026 con una aceleración en la designación de magistrados tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de la Nación.
Declaraciones juradas: accesibles pero mediante solicitud
En 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.857, que modificó el régimen de declaraciones juradas patrimoniales. La norma reguló el sistema para los 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde entonces, todas las declaraciones juradas de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo están disponibles en la página web de la Oficina Anticorrupción para su consulta inmediata.
En la Justicia no ocurre lo mismo. Primero fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2013 emitió una acordada en la que declaró la necesidad de aplicar la nueva ley “de modo compatible con la independencia del Poder Judicial”, ya que no resultaba “admisible” que las declaraciones de sus integrantes fueran “controladas por funcionarios” del Ejecutivo. Por eso, declaró inaplicable la ley en el ámbito del Poder Judicial y resolvió que las declaraciones juradas fueran publicadas en la página web del máximo tribunal.
Si bien la acordada fue emitida hace 13 años, nunca se cumplió. Un año después, la Corte emitió otra acordada en la que aprobó la reglamentación del sistema propio de declaraciones juradas. Para acceder a ellas, “el solicitante deberá identificarse y quedará sometido a las disposiciones y sanciones previstas” en las leyes de Ética Pública y de Protección de Datos Personales. Y concluye que la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal deberán controlar el cumplimiento de esos requisitos antes del envío.
La web de la Corte contiene un formulario para hacer una solicitud que, supuestamente, tras una validación del tribunal, entrega por mail un comprobante que debe presentarse en la Dirección de Recursos Humanos de la Corte. Durante muchos años, Chequeado comprobó que ese formulario no arrojaba ninguna respuesta, pero en 2021 logró acceder a las declaraciones juradas mediante este sistema, con una demora cercana a las 2 semanas
El 15 de septiembre, Chequeado solicitó la declaración jurada del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y hasta el momento de publicación de esta nota no recibió ninguna respuesta. Desde el tribunal señalaron a Chequeado que rigen los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Consejo de la Magistratura siguió un camino parecido para los jueces federales. En 2014, dictó una resolución que estableció que las declaraciones juradas de los magistrados de tribunales inferiores a la Corte quedaban en manos del Consejo, y que podían “ser consultadas de manera libre, directa, inmediata y gratuita a través de internet”. Sin embargo, esto tampoco se cumple: se debe llenar un formulario para cada pedido y el Consejo lo responde a las 48 horas.
“El acceso a las declaraciones juradas únicamente se encuentra garantizado mediante la realización de una solicitud de acceso a la información, incumpliendo con los requisitos de publicación proactiva establecidos en la normativa vigente”, señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En las provincias la situación es igual o peor: una investigación de la red federal Ruido publicada por Chequeado en 2025 reveló que sólo 2 de las 24 cortes supremas provinciales muestran las declaraciones juradas de todos sus jueces.
El ingreso democrático: una deuda en el Poder Judicial
La ley que modificó el régimen de declaraciones juradas formó parte de un paquete de leyes sobre la Justicia. En paralelo, el Congreso sancionó en 2013 la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, con el objetivo de regular los concursos públicos como vía de ingreso a la Justicia. La norma se aplica en la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Sin embargo, la Corte Suprema nunca dictó la reglamentación para el Poder Judicial, por lo tanto, no entró en vigencia el mecanismo de ingreso democrático previsto.
“La práctica que históricamente privilegió la cobertura de empleos en el Poder Judicial con personas del entorno de quienes ya trabajaban allí permaneció inmóvil pese a la reforma constitucional de 1994, que incorporó el mecanismo de concursos públicos y antecedentes”, señaló ACIJ en un informe de 2024.
“Apagón estadístico” y reconstrucción desde 2024
La Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura publicaba desde 2002 información de todas las jurisdicciones nacionales y federales, pero a partir de 2013 comenzó a reducirse la cantidad de datos disponibles. Algunas jurisdicciones dejaron de informar sus estadísticas y algunas de las que sí producían información, lo hacían de forma parcial.
ACIJ dio detalles de este proceso decreciente en un informe anterior: “De las 30 jurisdicciones de las cuales hasta entonces se publicaban datos, en 2013 4 dejaron de publicar sus estadísticas, para el año siguiente ya eran 10 las faltantes y en 2022 habían quedado solo 7”.
Más de una década de “apagón estadístico” (así fue bautizado el proceso por organizaciones de la sociedad civil) llevaron al Consejo de la Magistratura a dictar, en septiembre de 2024, la Resolución 344/2024, que jerarquizó y reestructuró la Oficina de Estadísticas y le instruyó la elaboración de un Plan Estadístico.
En aquella resolución, el Consejo manifestó “su preocupación acerca de la falta de completitud y regularidad del suministro de estadísticas judiciales, lo que resulta indispensable para facilitar el procesamiento de datos y la producción de informes confiables, útiles y oportunos”.
Andrea Castagnola, doctora en Ciencia Política e investigadora en temas judiciales, señaló a Chequeado que “no hay un anuario estadístico completo desde 2012” y que la producción de información estadística unificada y sistematizada permitiría llegar a indicadores tales como la tasa de resolución por juzgado o conclusiones sobre la duración de los expedientes.
La información que sí se publica se concentra principalmente en la cantidad de causas ingresadas, resueltas y en trámite. Aún así, para la ACIJ, esos datos son insuficientes porque no permiten conocer aspectos como la naturaleza de los casos, la duración de los procesos o las características de las personas involucradas. El informe también señala que la información no siempre está desagregada por juzgado o tribunal.
Desde la elaboración del Plan Estadístico, el Consejo de la Magistratura comenzó a dar mayor detalle sobre la información publicada. “La tarea de reconstrucción tuvo como objetivo poner en valor la información disponible, tanto aquella que se encontraba disponible para su procesamiento como la requerida a las distintas oficinas judiciales”, explicaron a Chequeado desde el organismo. Destacaron que actualmente “todo 2023, 2024 y 2025, está publicado. En algún caso puede haber información parcial, más que nada en 2025, pero es específico de alguna jurisdicción”
Sobre el período previo a la reconstrucción, agregaron: “En los casos en que fue posible recuperar información de años anteriores a 2023, esta también fue incorporada y publicada, lo que permitió una mayor completitud de los datos. Asimismo, se consolidaron mecanismos de coordinación institucional que permitieron retomar la recepción periódica de información por parte de las dependencias judiciales”.
Las vacantes en la Justicia: de la parálisis al año récord
Juan Bautista Mahiques asumió en marzo como ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Llegó al cargo con más de un tercio de los cargos judiciales vacantes.
Si bien es una problemática que atravesó diversas gestiones, la situación se agravó durante la gestión de Javier Milei, que, en diciembre de 2023, al llegar a la Casa Rosada, retiró del Senado todos los pliegos de jueces que estaban a la espera del acuerdo. En sus primeros 2 años de gestión no nombró un solo juez.
La llegada de Mahiques al Ministerio modificó esta dinámica. El Ejecutivo envió al Senado las propuestas que llevaban 2 años trabadas y en los últimos 6 meses el Gobierno nombró 125 jueces federales. Desde que existe el Consejo de la Magistratura, que fue creado con la reforma constitucional de 1994, es el año de mayor nombramiento de jueces federales.
