Por Santiago Mignone, Presidente de IDEA y socio de PwC Argentina
Hace años que IDEA viene impulsando distintas propuestas fiscales con el objetivo de disminuir el “costo argentino” y simplificar nuestro complejo sistema impositivo, donde se superponen tributos nacionales, provinciales y municipales, que financian un gasto público, que ha sido creciente en los últimos 20 años (con algunas excepciones) y que encarecen los bienes y servicios que consumimos los argentinos a los precios más altos que en el resto del mundo.
Afortunadamente, en estos últimos días, esta demanda ha sido receptada, no sólo por el gobierno sino también por el público en general, que se da cuenta que impuestos altos implican precios de productos y servicios altos. Es decir que los impuestos se trasladan a los precios y, en consecuencia, los termina pagando el consumidor.
Dentro del actual esquema impositivo, el impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial y las tasas municipales son los tributos más nocivos sobre la competitividad y, especialmente, sobre el precio final de los bienes y servicios que consumen todos los argentinos. Además, se convierten en impuestos “invisibles” para el consumidor que no conoce cuál es su incidencia en el precio final del bien o servicio que está comprando.
El impuesto a los Ingresos Brutos tiene un “efecto en cascada”, ya que encarece los bienes y servicios en cada etapa del proceso productivo: a mayor grado de elaboración final, más caro es el impuesto. De esta forma, penaliza la especialización ya que “castiga” la agregación de valor.
Al mismo tiempo, este tributo es la base sobre la que se sustenta la mayor parte de la recaudación de muchas provincias (en 2024 recaudó el 4% del PBI) lo que hizo fracasar los intentos por eliminarlo. Por otra parte, su recaudación se realiza de manera coercitiva, mediante regímenes de percepción y/o retención, de dudosa constitucionalidad, que anticipan el impuesto antes que se configure el hecho imponible.
En IDEA creemos que, además de la competitividad, el eje de la discusión debe ser priorizar el derecho de los contribuyentes a poder pagar valores internacionales por los bienes y servicios que consumen en la Argentina. Es un deber moral, dado que el mayor valor en los bienes y servicios, a raíz de la incidencia impositiva, erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores y consumidores.
En nuestro último Coloquio propusimos algunas opciones para disminuir o reemplazar Ingresos Brutos: desde la eliminación total del impuesto por parte de las 23 provincias y la CABA y la sustitución parcial por un impuesto sobre las ventas finales (IVF) o la reducción del impuesto aplicado sobre todas las actividades económicas, pero con mayor intensidad en los sectores económicos primarios y secundarios para minimizar el “efecto cascada”.
En el mismo sentido, el Gobierno nacional ha mencionado la posibilidad de reducir el IVA a nivel nacional y dejar a las provincias la agregación de un IVA provincial sobre esa tasa nacional. Un régimen que implicaría la competencia entre las provincias, beneficiando o perjudicando a sus ciudadanos y que resolvería el problema de los Ingresos Brutos.
Sin embargo, el encarecimiento del precio final de los bienes no termina en el impuesto a los Ingresos Brutos, sino que también continúa a nivel municipal. A lo largo de décadas, la falta de responsabilidad fiscal llevó a los gobiernos locales a sumar nuevas tasas o a aumentar las alícuotas ya existentes para compensar el desequilibrio de sus cuentas públicas.
Como consecuencia, esas tasas municipales -principalmente las de seguridad e higiene- ya no están asociadas al costo de a una contraprestación por parte del municipio, sino que se vinculan con la facturación de las empresas como base imponible, convirtiéndose en alícuotas adicionales sobre los Ingresos Brutos, con efectos similares en el encarecimiento de los bienes y servicios que consumimos los argentinos. La diferencia entre tasa e impuesto no es sólo una cuestión técnica, sino que es esencial para evitar la superposición tributaria entre los diferentes niveles de Gobierno.
Si bien son las empresas las que están obligadas a pagar las tasas, hay muchos ejemplos que muestran cómo en realidad terminan siendo pagadas por los vecinos, escondidas en el precio de los bienes y servicios que adquieren. Así, los municipios esconden cobardemente impuestos que debieran cobrar a los vecinos, para financiar el “gasto municipal”, en el sobrecosto de los bienes y servicios que venden las empresas allí localizadas.
Como ejemplo podemos observar el cobro de tasas a través de las facturas de los servicios, una práctica que el Gobierno Nacional intentó limitar mediante la Resolución 267/2024 en septiembre del año pasado, medida que luego fue judicializada por un grupo de municipios; el caso de las estaciones de servicio de combustible, que recargan el valor del combustible con una tasa vial; o en el sector financiero, con sobrecostos sobre la tasa de interés de los préstamos y otros servicios bancarios para los clientes y las empresas. En algunos municipios, por ejemplo, las tasas municipales llegan a superar el monto total que la entidad paga por los salarios de su personal.
La discusión del gasto improductivo en todos los niveles del Estado y la eliminación de su contracara, los impuestos “super distorsivos”, es cada vez más necesaria para poder ser competitivos, atraer inversiones, generar empleo, aumentar la productividad y fomentar un crecimiento económico sostenible. Caso contrario, como consumidores continuaremos pagando precios de bienes y servicios más altos que lo que se pagan en el exterior.
