Por Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC
En los últimos años, la Argentina logró avances importantes en el camino de la estabilización macroeconómica. Es un punto de partida indispensable para comenzar una nueva etapa, en la que el desafío ya no sea ordenar la economía, sino generar las condiciones para crecer de manera sostenida.
Tras décadas de estancamiento económico, la Argentina tiene pendiente mejorar su competitividad. Esto no puede estar atado a cuestiones como los salarios o el tipo de cambio, algo frecuente en las discusiones del pasado. La competitividad depende de un conjunto muy amplio de factores que determinan la capacidad de las empresas para invertir, innovar, producir y exportar.
La mejora de la competitividad debe abarcar un debate sobre temas como infraestructura, logística, costo del crédito —el llamado «costo argentino»—, desarrollo del capital humano, innovación, acceso a la tecnología, calidad institucional y un marco regulatorio simple y previsible.
En esa búsqueda de mejora, el sistema tributario ocupa un lugar central. Para atraer inversiones, aumentar las exportaciones y generar más empleo privado, necesitamos que producir en la Argentina sea más eficiente y competitivo. El peso de los impuestos distorsivos sobre la producción debe dejar de ser una desventaja para las empresas —que apuestan por el país y buscan competir en los mercados internacionales— y para los consumidores, que se ven obligados a pagar más por los bienes y servicios que consumen.
El Gobierno Nacional avanzó en varias medidas positivas tendientes a aliviar la carga tributaria, simplificar procesos y eliminar trámites burocráticos. Son pasos relevantes, pero desde el sector privado entendemos que la agenda de la competitividad también requiere un compromiso de todos los niveles de gobierno.
Las provincias tienen un rol protagónico en este debate sobre la competitividad de las empresas. Uno de los casos más representativos de impuestos distorsivos que afectan la producción es el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Este tributo provincial grava la facturación bruta y se aplica en cada etapa de la cadena de producción y comercialización, generando un «efecto cascada», ya que un mismo bien tributa varias veces a lo largo de su recorrido hasta el consumidor final. De este modo, se penalizan la especialización y el agregado de valor.
Esto funciona como un desincentivo para la conformación de cadenas productivas: cuantos más eslabones tiene una empresa en su proceso, mayor es la carga impositiva sobre el producto final. Así, nos encontramos frente a la paradoja de tener que escuchar, de parte de ciertos sectores de la política, que se debe exportar valor agregado o que debe existir una política “productivista”, mientras que al mismo tiempo sostienen impuestos distorsivos que encarecen el costo de producción cuanto mayor valor se agregue al bien o servicio a exportar. Es decir, que mientras nos dicen que pongamos la calefacción, ellos encienden el aire acondicionado.
Además, para agravar la situación, su recaudación se realiza, en la mayor parte de los casos, mediante regímenes de percepción o retención que anticipan el impuesto antes de su determinación definitiva (antes de que nazca el hecho imponible). Esto suele generar la acumulación de saldos a favor, muchas veces irrecuperables para las empresas, ya que no pueden compensarse, produciendo un atropello sobre la propiedad privada de contribuyentes y empresas, que cuesta entender la pasividad de la justicia frente a estos excesos.
El panorama empeora al sumar las mal llamadas “tasas municipales” que no representan el costo de un servicio municipal, sino que son un impuesto más sobre la facturación de las empresas. En la realidad, resultan un costo adicional a los ingresos brutos, con sus mismos perjuicios. En el caso de estas “tasas”, además, se trata de un exceso de autoridad, dado que los municipios no tienen facultades constitucionales para establecer impuestos. Una vez más, es difícil entender la distracción de la Justicia sobre estos temas.
Somos conscientes de que el porcentaje de ingresos que este tipo de impuestos distorsivos representan sobre los presupuestos provinciales y municipales, constituye la principal razón que exponen los gobernantes para justificar su no eliminación.
Sin embargo, los ciudadanos no podemos seguir siendo rehenes de un mandato constitucional incumplido. La Constitución de 1994 otorgó dos años para la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, para que los gobiernos nacional y subnacionales acuerden un sistema impositivo equitativo, que brinde competitividad a nuestra economía. Treinta años después, la discusión, ni siquiera se ha iniciado.
Es hora de que la coordinación fiscal sea asumida por la política y se entienda que sin competitividad no hay inversión y crecimiento posible. El tema fiscal juega un rol fundamental en el llamado “costo argentino” que debemos resolver.
La competitividad no puede construirse de manera aislada. Requiere una agenda compartida entre Nación, provincias y municipios, donde cada nivel de gobierno contribuya a mejorar el clima para invertir, producir y desarrollar nuevas oportunidades. También requiere de una Justicia que ponga límite a los excesos cometidos con el único objetivo de recaudar.
La historia demuestra que los países que lograron crecer durante décadas no lo hicieron a partir de reformas aisladas, sino porque fueron capaces de sostener una agenda de transformación. Desde IDEA promovemos la discusión sobre cómo construir, entre el sector público y el privado, las condiciones para que la Argentina deje de ser un país de recuperaciones que no logran consolidarse y pueda sostener veinte años de crecimiento. Parte de ello estaremos discutiendo en nuestro próximo Coloquio en Mar del Plata.
Esta columna de opinión fue publicada el 27 de julio de 2026 en Clarín
