Laura Alonso junto a Diego Martínez, Juan Rodríguez Estévez, Mora Kantor y Ramiro Cabrero.

La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, asistió al Taller de Intercambio sobre la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria que organizó la Red de Profesionales de Abogados de Empresas de IDEA el pasado 25 de abril.

Estuvo acompañada por la Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Mora Kantor, y el ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad, Diego Martínez. Los funcionarios dialogaron con el sector privado, en el marco del trabajo que están llevando a cabo en el organismo para establecer los lineamientos de los Programas de Integridad.

En ese contexto, no sólo respondieron las preguntas de los profesionales del área, sino que también estuvieron atentos a las recomendaciones de los presentes, que tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas y prácticas en la materia. La propuesta fue participar de un proceso abierto y colaborativo que impacte en el desarrollo de los requisitos que deberán cumplir las compañías para poder ser contratadas por el Estado.

Los que asistieron al evento tuvieron la posibilidad de hacer preguntas y sugerencias sobre el documento que están redactando.

“Este es un tema súper relevante para la reputación de nuestro país, para las empresas argentinas y multinacionales, y para las que quieran venir a invertir”, afirmó Laura Alonso, al tiempo que agregó: “Esta ley va a generar sus efectos, los va a ayudar a mostrar que hacen negocios de manera transparente y competitiva, y le va a dar una carga cualitativa diferente a cualquier proceso de licitación”.

La funcionaria del gobierno expuso la postura del organismo ante el cambio de paradigma en la materia.

El posicionamiento del Ejecutivo es claro: la implementación es un desafío en común. A sabiendas de que la interpretación de la norma tiene que ser lo más clara posible, la conversación empezó con la pregunta de qué significa tener un programa de integridad: en qué modelos se referencian los Compliance Officers, y cómo adecuarlos para que sean aplicables en todas las empresas del mercado.

Si bien la última palabra en torno a la acreditación de los programas la va a tener la Justicia, el objetivo es que los lineamientos se conviertan en una referencia bibliográfica, una opinión calificada sobre los criterios a seguir en el inicio de la implementación de la norma, y la inclusión de los actores implicados en el desarrollo del documento será la que otorgue mayor certeza en los puntos claves. En este sentido, el análisis de riesgo y su alcance a terceros en la cadena de valor, y la figura de la autodenuncia fueron algunos de los que aparecieron durante la conversación.

Tomás Thibaud, Director de la Red de Profesionales de Abogados de Empresas de IDEA y Legal, Compliance and Government Relations Director de 3M Argentina & 3M Uruguay.

Al respecto, la postura de la Oficina Anticorrupción fue concreta: apuntar al aspecto preventivo para mejorar desde el orden sistémico y no sólo cultural la posibilidad de que la empresa detecte las situaciones. “La pregunta es cómo atajamos la pelota antes de que entre al arco, si es posible o no, y cómo se hace”, dijo Laura Alonso, “que nos ayuden a detectar la corrupción estructural para acabar con eso”, subrayó.

Ante un abanico diverso y complejo, donde intervienen varios regímenes, organizaciones autoorganizadas, de diversos tamaños y con distintos recorridos, la alternativa es establecer un equilibrio entre las que tienen que incorporar un programa de cero, y aquellas que llevan quizás más de una década ensayando la práctica de la autorregulación. Para todas, el marco de referencia estará dado por los elementos voluntarios y obligatorios, que dan margen de maniobra a las que decidan asumir algún riesgo, y que al mismo tiempo constituyen un criterio para aquellas que optan por estar blindadas.

El espacio de intercambio sirvió para compartir las distintas visiones y posturas sobre la ética y la integridad empresarial.

En esta línea, Tomás Thibaud, Legal, Compliance and Government Relations Director de 3M Argentina & 3M Uruguay y Director de la Red de Profesionales de Abogados de Empresas, evaluó: “Probablemente las empresas más grandes van a contar con todos los elementos, pero hay sociedades de 3 socios o menos que trabajan en innovación o son emprendedores y que son parte de la cadena de valor a las que se les va a recomendar que adapten un programa de integridad a su medida de acuerdo a sus riesgos. No es aconsejable copiar programas de integridad que no apliquen a su función y a su estructura”.

En el mismo sentido, concluyó: “Tenemos que tener cuidado con la obligatoriedad, porque no es garantía de cambio de cultura; tenemos que seguir avanzando en materia de educación para alcanzar la integridad”.

Frente a un cambio de paradigma, el camino por delante se vislumbra como un gran trayecto a recorrer. El compromiso asumido es mantener el diálogo con todos los espacios en pos de una construcción colectiva que le de legitimidad a un documento que será la piedra fundacional de los nuevos usos y costumbres empresariales en materia de transparencia. La expectativa es enorme, y la puerta para participar se mantiene abierta.

Desde el organismo se comprometieron a mantener un canal de diálogo abierto con todos los sectores para seguir profundizando en el tema.