Estamos transitando una transformación sin precedentes que nos requiere empezar a liderar debates distintos en la Argentina. Tenemos claro que la construcción colectiva requiere de un esfuerzo de todos los sectores y nos embarcamos en la tarea de recorrer el camino con un horizonte claro: establecer acuerdos que instauren definitivamente la confianza. En ese proyecto democrático, el valor del dinero y su aporte no puede estar exento de regulaciones.

Si bien la organización ha instalado este debate central para el funcionamiento del sistema político institucional y su relación con el mundo empresarial en los últimos dos Coloquios, en el 2019 se propone dar un paso más invitando al mundo de los negocios a asumir el compromiso de adoptar una serie de acciones concretas. Entre ellas, usar sólo medios de pago trazables para aportes a campañas y partidos políticos; informar a la Cámara Nacional Electoral cada donación; y monitorear su uso a través del pedido de rendición de cuentas a las agrupaciones políticas.

La necesidad de revisar el régimen de financiamiento en nuestro país es fruto de una realidad global. Hacer política en democracia requiere de recursos cada vez más abultados. La comunicación crece en su importancia, se multiplican los canales y se complejizan las estrategias. Los países en los que no hay tope para el gasto registran un aumento elección tras elección, y el volumen que implica llega a duplicarse e incluso cuatriplicarse.

Sin embargo, cuando hablamos de financiamiento de la política, no sólo hablamos de las campañas, sino también de los partidos políticos. Pero, ¿por qué debiéramos poner algún límite al uso del dinero?

“Regular los gastos y aportes del sector privado, independientemente de lo que viene del sector público, equilibra a los partidos y a los votantes, empareja la cancha entre oficialismo y oposiciones”, expuso Carolina Tchintian, Directora del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Esto favorece a la equidad en la competencia, garantiza un piso mínimo a todos los participantes, contribuye al voto informado y a la eficiencia del uso del dinero al saber de dónde viene y a dónde va”, agregó en el marco de las Charlas Abiertas de IDEA tituladas “Pautas para abordar el 2019”.

La situación actual presenta cierta opacidad. En primer lugar, el 80% de lo que los partidos declaran se trata de aportes no trazables, mientras que las brechas entre las rendiciones y los despliegues de campaña son obvias. Los controles ex post no logran disuadir las irregularidades, porque suceden luego de que los candidatos sean electos; algo distinto a lo que ocurriría si fueran durante la campaña y pusieran en riesgo la propia elección. En tanto, el doble estándar entre nación y provincias, donde existe menor regulación, tampoco colabora. En este esquema, grandes contribuyentes pueden estar influenciando la política pública sin que lo sepamos.

De cara a las elecciones generales de este 2019, el debate se mantiene en la agenda parlamentaria. El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que está en fila para ser tratado por la Cámara Baja apunta a eliminar dos de las principales falencias de la ley vigente: la admisión de los aportes en efectivo y la prohibición del aporte empresario en campañas, cuyo resultado del 2009 a esta parte fue, en definitiva, el crecimiento del aporte en negro.

El texto, asimismo, recoge buena parte de las recomendaciones realizadas por el CIPPEC, Poder Ciudadano y Fundación RAP, tres espacios con los que IDEA articuló por este tema. En este contexto, la demanda del sector empresario es concreta: llegar a las elecciones con una ley que garantice la transparencia que nos debemos, y si eso no es posible, avanzar en la autoregulación.

Al respecto, Miguel Blanco, Director de IDEA y Director General en Swiss Medical Group, explicó que la voluntad de las instituciones involucradas en el tema es “atacar la corrupción público-privada y transparentar el sistema electoral”, en sintonía con el Código de Ética empresario incorporado al estatuto de la organización.

“Lanzamos a todos los socios de IDEA un compromiso a aportar en forma bancarizada. Si se aprueba el proyecto, el aporte puede ser para el fortalecimiento de los partidos o para las campañas. En el caso de que eso no ocurra, sería sólo para el primero, que es lo que se admite actualmente”, desarrolló. “Si la ley no sale, impulsar que nuestros socios cumplan el compromiso es lo mejor que podemos hacer. Es un tema importante, y los empresarios tenemos que prestar todo el apoyo necesario”.

En un momento de cambio político, económico, social y cultural, los desafíos son enormes. En este sentido, si bien el financiamiento en sí mismo es absolutamente trascendente, no hay ninguna medida aislada que genere en la política los resultados transformadores que no surgen del consenso.

Ante esta realidad, el verdadero cambio que tenemos por delante, el horizonte al que nos dirigimos, requiere incorporar cabalmente un concepto. El camino que estamos transitando y construyendo paso a paso se basa en una democracia que precisa hoy más que nunca articular intereses diversos en la escena pública con reglas claras. En ese proyecto colectivo, el valor del dinero y su aporte al sistema electoral no puede quedar exento.